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El gerente general de Etesa no tuvo reparos en negar un aumento a los trabajadores en 2023, como está acordado en la convención colectiva, alegando que la entidad que dirige había sufrido un recorte presupuestario que hacía imposible cumplir con ese compromiso. Casi ocho meses después, gestiona una compensación de casi $250,000 para dejar el cargo. El mismo beneficio se extiende a otros ejecutivos que estuvieron los últimos cinco años con él. Es decir, hay dinero para unos pero no para otros. El presidente electo no se equivoca en decir que esas indemnizaciones son inmorales y ha instado al contralor general de la República a no refrendarlas. Etesa, aunque se maneja como una empresa privada, es 100% propiedad del Estado. Mosquera, al asumir el cargo, sabía que sería por cinco años. De hecho, para que él ocupara el cargo, el gerente designado por el gobierno anterior tuvo que marcharse. Estaba claro que su nombramiento tenía fecha de caducidad, por lo que estas indemnizaciones son simplemente una expresión corporativa y sofisticada del juego vivo de siempre.

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