Hoy por hoy

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se suma a la larga lista de instituciones que presentan graves irregularidades en su gestión, incluyendo nombramientos inexplicables en un número que supera toda imaginación: al menos 2,753 personas de las cuales nadie sabe qué hacían. Todo indica que se trata de “botellas” (personas que no desempeñan ninguna tarea pero reciben salario puntualmente), ya que muchos no tenían asignaciones específicas, y los que sí las tenían, como conductores y albañiles, tampoco realizaban actividades debido a la falta de vehículos e insumos necesarios para cumplir con sus deberes. Además, la nueva administración ha descubierto pagos duplicados de vacaciones y atrasos en las partidas del décimo tercer mes. Como si esto fuera poco, existen deudas pendientes con contratistas, arrendatarios y proveedores que superan los $160 millones, situación que ha llevado a la quiebra a algunos de estos últimos. También hay denuncias relacionadas con el programa Techos de Esperanza y otros del ministerio. Es evidente la irresponsabilidad y negligencia absoluta con la que actuaron numerosas autoridades del Gobierno anterior. Es imperativo que todas estas anomalías sean investigadas a fondo y que aquellos responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes, incluyendo al contralor de la República y otras entidades de control, por sus graves omisiones en el ejercicio de sus funciones.