En el marco de la Operación Jericó, la justicia panameña enfrenta un desafío crucial que pone a prueba su compromiso con la equidad y la transparencia. El diputado Raúl Pineda, quien prometió que su hijo, actualmente prófugo e investigado en este caso, se entregaría voluntariamente, pero esto no ha sucedido todavía. La recompensa ofrecida de $25 mil por información sobre el paradero del hijo del diputado subraya la seriedad con la que el Ministerio Público está abordando esta situación. Sin embargo, la ausencia de acciones concretas por parte del propio diputado Pineda, quien no solo ha fallado en asegurar la comparecencia de su hijo, sino que además se ha ausentado de sus deberes legislativos, es inexcusable. La proximidad del diputado a individuos vinculados con el narcotráfico y los decesos sospechosos en su entorno directo amplifican las preocupaciones sobre su capacidad para desempeñarse en un cargo público. En un acto de responsabilidad hacia la nación y sus electores, el diputado debería renunciar inmediatamente a su inmunidad parlamentaria y a su posición en la Asamblea, facilitando así el avance de las investigaciones. La justicia, en una democracia robusta, no debe ser esquiva ni opcional.
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20 ago 2024 - 05:03 AM