Hoy por hoy: A ordenar las estanterías

La nueva Ley 543 de 2026 parte de un objetivo legítimo: ofrecer al consumidor información precisa y transparente sobre lo que compra. Diferenciar los productos sucedáneos de los originales, identificar el país de origen de los alimentos e impedir que una carne descongelada sea comercializada como fresca son medidas que fortalecen el derecho del consumidor a tomar decisiones informadas. En un mercado cada vez más complejo, la transparencia nunca debería verse como un obstáculo. Sin embargo, las buenas intenciones no bastan para garantizar una buena ley. La nueva norma impone obligaciones logísticas y de reorganización cuyo costo seguramente no será absorbido por el comerciante. Lo más probable es que, tarde o temprano, termine trasladándose al precio de los alimentos, precisamente cuando el costo de la vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población. A ello se suma que la ley fue aprobada sin consultar a los sectores que deberán implementarla. Una legislación que modifica la operación de miles de comercios debió construirse mediante el diálogo entre autoridades, productores, distribuidores y consumidores. La transparencia beneficia a todos. De lo contrario, una ley concebida para proteger al consumidor podría terminar afectando, paradójicamente, su bolsillo.