La decisión del presidente José Raúl Mulino de cancelar las concesiones portuarias en Isla Margarita marca un alto necesario a una cadena de malas negociaciones que el Estado panameño ha tolerado por años. La concesión otorgada en 2013 a empresas vinculadas a inversionistas chinos, y posteriormente transferida a estructuras corporativas en Barbados y Delaware, ilustra cómo se han alineado intereses privados para usufructuar bienes públicos estratégicos, sin garantizar un retorno justo para los panameños.
Este patrón no es aislado. En casos como Panama Ports Company y Panama Canal Railway Company, el Estado ha sido un espectador silente, recibiendo migajas de negocios millonarios que operan sobre infraestructura nacional.
Panamá no puede seguir regalando sus ventajas competitivas. Es urgente que las futuras concesiones incluyan cláusulas de revisión periódica, control sobre el traspaso de beneficiarios y mecanismos eficaces de supervisión. El Estado debe velar por que estos contratos generen los mejores beneficios posibles para los panameños.