Hoy por hoy: ajustarse el cinturón o sufrir

Panamá enfrenta un escenario preocupante: Barclays proyecta que el déficit fiscal de 2025 alcanzará el 4.5% del PIB, superando el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Como consecuencia, el gobierno podría verse obligado a emitir al menos $3,500 millones en deuda para cubrir sus necesidades, lo que acentúa el riesgo económico. Si bien la suspensión de las fiestas navideñas envía un mensaje positivo, esta medida es insuficiente frente a un problema estructural mucho más profundo: la planilla estatal, que no solo es excesiva en cantidad de funcionarios, sino también en el monto total que implica. Además, la necesidad de destinar $966 millones a la Caja de Seguro Social en 2025 añade una carga adicional a las finanzas públicas. Las leyes especiales y los aumentos automáticos han creado una inflexibilidad fiscal que desvía recursos de áreas esenciales como la salud y las obras públicas. A esto se suman las prácticas que favorecen una economía de privilegios, donde las decisiones se toman más por intereses políticos que por las verdaderas necesidades del país. Para salir de este círculo vicioso, es necesario un cambio radical en la política fiscal, con reformas que eliminen privilegios y promuevan la eficiencia. Sin una acción decidida en este sentido, Panamá seguirá hipotecando su futuro, poniendo en riesgo no solo su estabilidad fiscal, sino también la calidad de vida de su gente.