Todo indica que ser padre de la patria es una tarea muy difícil y por eso cada uno de los 71 diputados tiene 125 funcionarios a su cargo -asumiendo que a cada uno le toque la misma cantidad-. La planilla dorada de la Asamblea Nacional crece sin control y la pagamos todos. Cada fin de mes, de los fondos públicos salen $13.9 millones para mantener a 8,867 trabajadores de los que nadie sabe qué hacen, si es que hacen algo. Es más, ni siquiera caben en el edificio de la Asamblea. Estamos, entonces, ante una planilla fantasma por la que nadie responde. El Legislativo tiene hoy más trabajadores que el Órgano Judicial y que la Procuraduría General de la Nación y, si nos descuidamos, terminará superándolos en número a los dos juntos. Que tengamos más legisladores y asesores que jueces y fiscales ilustra bien nuestro exceso de deliberación y defecto de aplicación de justicia. ¿Qué justifica el incremento en la planta de personal de la Asamblea? ¿Tenemos mejores leyes? ¿Tenemos mayor fiscalización al Gobierno? Por supuesto que la democracia necesita al Legislativo; por supuesto que necesitamos una Asamblea vigente y robusta, pero Panamá no merece un Órgano Legislativo que se transmute en una agencia de empleo de trabajadores fantasma que pagamos todos.