El Gobierno trabaja en una propuesta de reformas a la Ley 22 de contrataciones públicas con la promesa de lograr eficiencia, digitalización y menos trabas. Son cambios necesarios en un sistema que acumula retrasos, errores y reclamos que paralizan obras. Sin embargo, hay un límite claro, sin transparencia real, cualquier mejora operativa será superficial.
Y es que mientras no exista una obligación firme de divulgar los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado, todo seguirá siendo demagogia. La opacidad permite que, gobierno tras gobierno, surjan escándalos de funcionarios vinculados a contratistas, evidentes conflictos de interés que rara vez se traducen en sanciones.
Se conocen, se publican y se olvidan. Aunque la propuesta menciona este punto, sigue siendo solo eso, una intención. Sin reglas claras y obligatorias, la eficiencia prometida chocará con la corrupción estructural. El país no necesita solo procesos más rápidos; necesita saber quién está realmente detrás de los contratos públicos.