Algunas decisiones que antes parecían excepcionales comienzan a repetirse con una frecuencia inquietante en el sistema penitenciario panameño. El caso del beneficio de trabajo comunitario concedido a Katherine Carvallo, conocida como La Parce, vuelve a exponer un problema estructural: la discrecionalidad sin explicación suficiente. No se trata de prejuzgar ni de negar derechos legales, sino de exigir coherencia institucional. Un trámite que usualmente tarda entre seis meses y un año fue resuelto en apenas 24 días, una celeridad que, por sí sola, amerita escrutinio. Más aún cuando el beneficio fue revocado posteriormente por inconsistencias formales.
Que el propio Sistema Penitenciario haya denunciado el caso y que la Fiscalía Anticorrupción lo investigue en reserva confirma la gravedad del episodio. El hallazgo de un teléfono celular dentro del penal refuerza las dudas sobre controles internos y posibles tratos diferenciados. La ley puede admitir discrecionalidad, pero no arbitrariedad. La justicia se erosiona cuando no explica sus decisiones y, en un país donde la igualdad ante la ley es frágil, cada excepción mal justificada debilita la confianza pública.
