Ya lo advertimos en estas páginas cuando, en los últimos dos años del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), se dio luz verde a leyes con claros propósitos clientelistas: legislar por razones políticas para proteger planillas no solo es mala práctica, sino violación directa de principios constitucionales que rigen la función pública. Una de esas normas —la Ley 429 del 18 de abril de 2024—, impulsada desde la Asamblea Nacional por el entonces oficialismo, no buscó fortalecer la carrera legislativa ni profesionalizar el servicio, sino blindar intereses coyunturales mediante atajos legales.
La opinión del procurador general, Luis Gómez Rudy, confirma lo evidente: reducir de cinco a dos años el acceso a la permanencia y eliminar el concurso público contraviene los artículos 300 y 302 de la Constitución, que consagran mérito, idoneidad e igualdad de oportunidades.
No es interpretación política, sino un límite constitucional claro. Este episodio desnuda una práctica recurrente: legislar para proteger estructuras internas, no para servir al país.
