Ante una de las fugas más graves en la historia reciente del país, hace ruido el silencio del presidente de la República. Mientras las autoridades intentan recapturar a decenas de evadidos y esclarecer las circunstancias del motín, la respuesta política ha sido limitada y fragmentada.
Costa Rica incluso decidió reforzar la vigilancia en su frontera, una medida que proyecta una preocupante señal sobre la capacidad de Panamá para contener una crisis de seguridad de esta magnitud.
La divulgación de los rostros de los prófugos ocurrió casi 48 horas después de los hechos y, hasta ahora, las consecuencias visibles se reducen a algunos movimientos dentro de los estamentos de seguridad. Nada o muy poco en el sistema penitenciario.
Sin embargo, el problema va mucho más allá de una fuga. Lo ocurrido parece confirmar una realidad denunciada desde hace años: en varios pabellones, el poder efectivo no lo ejerce el Estado, sino estructuras criminales favorecidas por el hacinamiento, la corrupción y el abandono institucional. Que alguien tome el control.
