La reforma a la Carrera Administrativa es un tema recurrente en el debate político. Cada gobierno que asume el poder trae consigo su propio enfoque, generalmente con criterios clientelistas, pero la necesidad de profesionalizar el servicio público sigue siendo un desafío sin resolver. Esta vez, un grupo opositor ha abrazado una iniciativa del Ejecutivo, con cierto consenso, lo que ofrece una luz de esperanza para alcanzar un acuerdo que trascienda los intereses partidarios.
Sin embargo, la situación es más compleja. En Panamá, instituciones clave como la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República operan con leyes de carrera administrativa propias. La Asamblea, por ejemplo, ha permitido la incorporación automática de funcionarios sin concurso, mientras que la Contraloría ha reformado su régimen, pero aún mantiene diferencias con la Ley General. Esto refleja una falta de coherencia que dificulta la creación de un sistema profesional unificado.
Lo fundamental es que el funcionariado deje de ser botín político y se respete la dignidad de los profesionales que legítimamente acceden a la carrera. Solo así el servicio público podrá garantizar eficiencia, meritocracia y transparencia, y coadyuvar con el sector privado al desarrollo económico del país.
