La reconstrucción no puede convertirse en otro desastre. Cerca de 30,0000 personas padecen las consecuencias del terremoto en sus hogares: unas lo perdieron todo; otras habitan viviendas dañadas o desconocen cuál es el estado de sus hogares. Los 52 albergues improvisados dan cuenta de una emergencia que continúa. Reconstruir exige levantar paredes, pero también devolverles a esas familias la certeza de un techo seguro. Esa tarea debe comenzar escuchándolas. Las viviendas deben responder al clima, al tamaño de las familias y a la vida de cada comunidad. La urgencia exige soluciones dignas, accesibles y con posibilidades de ampliación segura. El Estado debe coordinar las iniciativas, publicar un calendario de entregas y garantizar evaluaciones del suelo, diseños sismorresistentes e inspecciones de las obras. La rapidez debe acompañarse de rigor técnico. También resulta indispensable vigilar los recursos. Cada contrato, proveedor, costo y pago debe estar disponible para el escrutinio público. La solidaridad merece transparencia y las familias necesitan que cada dólar se traduzca en una solución, sin sobreprecios, favoritismos ni promesas incumplidas.