“Aquí no volverá a haber elecciones”. La frase de Daniel Ortega confirma, sin rodeos, la realidad de Nicaragua: el régimen ya no pretende siquiera mantener la apariencia de una democracia electoral.
Lo anunciado no es solo el cierre de una vía política interna; es un desafío directo a los principios que dieron origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), basado en la democracia, la libertad y la alternancia del poder.
Los países de la región —muchos de ellos receptores de exiliados políticos y de personas obligadas a migrar por la crisis que atraviesa Nicaragua— no pueden responder con simples comunicados mientras uno de sus miembros abandona abiertamente esos compromisos.
Panamá, además, conoce las consecuencias de que los regímenes autoritarios utilicen su poder para proteger intereses políticos o personales. Los panameños no olvidan que el gobierno de Ortega otorgó refugio a Ricardo Martinelli cuando enfrentaba procesos judiciales en Panamá.
Defender la democracia también implica evitar que estructuras autoritarias se conviertan en mecanismos regionales de impunidad.
