Hoy por Hoy: clausurada, pero no cerrada

Hay universidades que forman profesionales. Y hay otras que forman expedientes. Hay una en particular que, a través de distintas inspecciones, ha acumulado una universalidad de irregularidades serias que derivaron en la cancelación de su permiso de funcionamiento por el Ministerio de Educación. Pero ese centro parece estar empeñado en poner a prueba el decreto ejecutivo que le impide seguir operando. Que estuviera operando en un local más bien apto para restaurantes, cafés o salas de belleza no es problema. Tampoco que su oferta académica estuviera bajo sospecha. Solo pequeñeces. Aunque, hasta ahora, sí había hecho gala de una admirable resiliencia. Sobrevivió a señalamientos, a cancelaciones y a cuestionamientos públicos, con una fe inquebrantable… y una caja que sigue recibiendo pagos de alumnos sorprendidos en su candidez. Y no podía faltar un detalle perturbador: a algunos, el Estado les brindó “auxilios económicos” para estudiar allí. Es decir, todos contribuimos a la matrícula de una universidad que, oficialmente, no debería existir. Aquí la pregunta no es solo por qué ese centro sigue funcionando, sino quién permite que lo haga. Porque en este país, al parecer, clausurar no clausura, cancelar no cancela y supervisar es casi el equivalente a mirar para otro lado.