El traslado sorpresivo de 29 reclusos de alta peligrosidad a Coiba reabre un debate que Panamá creyó cerrado hace más de dos décadas. No se trata únicamente de seguridad pública. También están en juego la legalidad de la medida y la protección ambiental.
El Gobierno sostiene que busca impedir que estructuras criminales sigan operando desde las cárceles. El objetivo es legítimo. Sin embargo, ¿qué falló en los centros penitenciarios existentes?, ¿por qué una instalación de máxima seguridad como Punta Coco dejó de ser suficiente?, ¿existe sustento legal para utilizar una base aeronaval dentro de un parque nacional como centro de reclusión? Más allá de las aclaraciones posteriores, persisten dudas de fondo.
La medida transmite además una preocupante sensación de improvisación frente a un problema que el propio Estado debería poder controlar. Sí, la lucha contra el crimen exige firmeza. Pero la urgencia no puede convertirse en excusa para debilitar la ley ni para improvisar soluciones sobre uno de los patrimonios naturales más valiosos del país.
