La contratación del servicio de alimentación en las cárceles plantea una pregunta incómoda que el Estado sigue evitando: ¿por qué, durante 13 años, una sola empresa ha concentrado este negocio sin enfrentar competencia real? En cualquier mercado sano, esa situación sería una señal de alerta, principalmente porque se financia con fondos públicos. Resulta difícil creer que, en más de una década y con contratos que suman cientos de millones de dólares, este negocio no haya despertado el interés de otros proveedores capaces de competir.
La ausencia persistente de oferentes no habla de eficiencia, sino de barreras —formales o informales— que distorsionan la competencia y reducen los incentivos para mejorar precios, calidad y control. A esto se suma el silencio de las autoridades. Cuando no se explican con claridad las adjudicaciones ni se responden cuestionamientos técnicos, el vacío se llena de sospechas. La alimentación de las personas privadas de libertad y la protección de las arcas públicas exigen transparencia, competencia y respuestas. Todo lo demás huele a conformismo… o algo peor.
