Las victorias que ha obtenido la administración del Canal de Panamá nos dicen mucho de las capacidades de los funcionarios que trabajan para esta importante institución de talla mundial. Nos dicen que hay profesionalismo y que los contratos para la ampliación de la vía acuática fueron bien pensados, elaborados y aplicados. En cambio, los contratos que celebra el Gobierno Central son cuestionables, y hasta, en no pocos casos, inconstitucionales. El contraste entre ambos sectores gubernamentales es revelador y apabullante: nos dice que muchos en el gobierno no hacen bien su trabajo cotidiano.
Hasta ahora, el Canal ha salido mayormente victorioso en los arbitrajes que ha promovido el consorcio liderado por la empresa española Sacyr para el ensanche de la vía interoceánica. El consorcio no ha logrado probar sus alegatos y, en consecuencia, sus reclamaciones han sido mayormente desestimadas. Gracias a un buen trabajo y a los sólidos argumentos de la administración del Canal, el Estado panameño probablemente se ha ahorrado cientos o incluso miles de millones de dólares en reclamaciones.
Este gobierno haría bien en consultar más y contratar técnicos y profesionales capacitados, en lugar de asignar cargos a políticos que ignoran hasta las matemáticas más básicas.
