Dos dirigentes políticos han unido sus caminos, pero hasta hace poco eran adversarios acérrimos e incluso se denigraban mutuamente. Las pullas y descalificaciones que se han dedicado por años han sido lo suficientemente fuertes como para hacer difícil creer en la inocencia de esta súbita fraternidad. Lo grave es que pretenden utilizar una supuesta amenaza contra las elecciones de 2029 como el argumento perfecto para justificar sus componendas. Es risible que sea la partidocracia la que pretenda salir al rescate de la pureza de las elecciones. Pero, al margen de eso, si esa amenaza es tan seria y creíble como se afirma, correspondería al Tribunal Electoral actuar en consecuencia e investigar, si procede, porque una acusación de esa magnitud no debería reducirse a una conveniente consigna política. Sería interesante saber si existen pruebas de esos supuestos planes para empañar el próximo torneo electoral o si -como ya se sospecha- todo forma parte de una narrativa para darle apariencia de necesidad a una alianza oportunista. Para eso no habrá que esperar hasta 2029. Bastará con que inicie la discusión de las reformas al Código Electoral para comprobar si los antiguos enemigos defienden, como si fueran un solo bloque, sus espacios e intereses.