Hoy por hoy: Consecuencias de la toma de decisiones cuestionables en el sector energético

Es innegable que la principal responsabilidad de cualquier gobierno es proteger los intereses del pueblo, garantizando su bienestar por encima de cualquier beneficio particular. Cuando un gobierno desatiende esta obligación, no solo traiciona su razón fundamental de ser, sino que pone en duda sus verdaderas motivaciones. Lo actuado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) es un ejemplo claro de esta desatención. La decisión de forzar a ENSA a adquirir energía en condiciones desfavorables no solo afecta a más de 500 mil clientes, sino que, además, expone al país a un aumento injustificado en los costos de la electricidad. Este tipo de decisiones suscita preguntas sobre las prioridades reales de quienes detentan el poder y si están actuando verdaderamente en nombre del bien común. Un gobierno que no vela por los intereses colectivos corre el riesgo de perder su legitimidad, pues se convierte en un instrumento de intereses privados, desvirtuando su propósito y traicionando la confianza de la población que, en última instancia, es a quien debe servir y proteger.