En un contradictorio giro, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la absolución de algunas figuras de alto perfil involucradas en el caso de los Diablos Rojos, una decisión que genera críticas y especulaciones. La fiscalía, radicalmente cambió su teoría: de argumentar sostenidamente que los exdirectores de la ATTT no ejercieron su labor de fiscalizar los bienes públicos en la millonaria indemnización que se pagó a dueños de buses, pasó a decir que no tenían responsabilidad en las irregularidades detectadas porque esa era tarea de la comisión evaluadora. Esta solicitud de absolución coincide sospechosamente con la designación extraoficial de uno de los procesados como interlocutor del presidente de la República con la Asamblea Nacional. Este hecho no solo levanta cuestionamientos sobre posibles negociaciones secretas, sino que también revela las complejas relaciones entre el poder político y los procesos judiciales. El Ministerio Público, cuya existencia y legitimidad dependen de la confianza pública en su capacidad y voluntad de impartir justicia, erosiona esa confianza al eximir de responsabilidad a individuos en posiciones de poder mientras continúa procesando a los menos influyentes. La justicia, si realmente pretende ser equitativa, debe ser ciega a los títulos y cargos.
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Hoy por hoy: Contradicciones en el proceso de los Diablos Rojos
22 jul 2024 - 05:05 AM