Como los bomberos, los contralores parecen no pisarse las mangueras. Quien hoy dirige la fiscalización asegura no haber encontrado razones para reprochar la actuación de su antecesor, pese a cuestionar decisiones adoptadas durante aquella gestión. Con esta afirmación incurre quizá en la más palpable inconsistencia de lo que va de su período. La Contraloría ha remitido cientos de auditorías al Ministerio Público, mantiene millones de dólares en bienes cautelados a exfuncionarios y ha puesto bajo la lupa actuaciones del gobierno pasado. Incluso impugnó una prórroga portuaria, refrendada durante la administración anterior y posteriormente declarada inconstitucional. Sin embargo, la responsabilidad parece detenerse antes de alcanzar a quien encabezaba la institución encargada de fiscalizar y refrendar. No se trata de presumir culpabilidades ni de fabricar delitos. Se trata de exigir explicaciones a quien tenía la obligación de fiscalizar. Porque si todos pueden ser responsables menos quien estaba al mando, el mensaje es perverso: el contralor nunca tiene la culpa.
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