El enriquecimiento injustificado volvió al centro del debate público no por una sentencia, sino por investigaciones en curso que alcanzan a exfuncionarios de distintos niveles. La coincidencia no prueba culpabilidades, pero sí revela una falla persistente en los controles del Estado.
La figura existe desde 1999 y cumple una función clara: permitir que las autoridades examinen patrimonios que crecen sin explicación razonable. El problema es que suele activarse tarde, cuando ya hay cuentas congeladas y procesos abiertos, y no como un mecanismo preventivo.
La declaración jurada de bienes, pilar de este sistema, permanece cerrada al escrutinio ciudadano y depende casi por completo de la voluntad institucional para ser revisada. Así, el control patrimonial se vuelve formal, no efectivo.
A ello se suma la rigidez del modelo actual, que condiciona la actuación penal a auditorías previas. Esa dependencia concentra poder y retrasa respuestas.
Respetar la presunción de inocencia es irrenunciable. Pero también lo es preguntarse si el Estado está vigilando a tiempo.
