En Panamá, el dinero público parece rendir más para quienes logran colocarse en el lugar correcto. La estatal Universidad Autónoma de Chiriquí gasta casi 6 millones de dólares al mes en una planilla que incluye 249 docentes con salarios superiores a 7 mil dólares, un reflejo de cómo decisiones políticas y el peso de dirigentes inflan costos sin justificación académica ni financiera alguna. Simultáneamente, el Ministerio de Educación destapó una red de diplomas falsos que permitía a docentes y funcionarios sumar puntos ilegales para acceder a vacantes y créditos, evidenciando que el “papelito” se había convertido en la norma para obtener beneficios, mientras el sistema carecía de controles efectivos y supervisión ciudadana. En ambos casos, el último en la cola es el estudiante. ¿Qué puede aprender de un docente que hace cualquier cosa para conseguir un puesto, un salario alto o un beneficio? Sin controles, ética ni responsabilidad, la educación y la confianza pública quedan en segundo plano, mientras los privilegios se multiplican.
Exclusivo