La reciente votación en la Comisión de Economía y Finanzas que rechazó el proyecto de ley para impedir que empresas corruptas contraten con el Estado es un retroceso inaceptable. Ignorar la corrupción en las contrataciones públicas perpetúa la impunidad, socava la confianza ciudadana y deja en manos de aquellos que ya han demostrado su falta de ética el manejo de recursos que son de todos. Hemos sido testigos de cómo la corrupción destruye instituciones y proyectos esenciales, generando sobrecostos, obras mal ejecutadas y, en última instancia, un daño irreparable al bienestar común. Permitir que empresas con antecedentes ilícitos sigan participando en licitaciones públicas es una afrenta al principio de transparencia y una señal de que, en el ámbito político, los intereses privados siguen imponiéndose sobre el interés público. Es imperativo fortalecer los mecanismos de control y cerrar cualquier puerta a quienes han defraudado al Estado. La integridad no puede ser negociable en la administración pública. Esta batalla no es solo por la legalidad, sino por la dignidad de un país que no debe tolerar la corrupción ni en sus empresas ni en sus gobernantes.
Exclusivo Suscriptores
Hoy por Hoy: Corrupción intolerable, el Estado no debe ser cómplice
26 sep 2024 - 05:03 AM