Las fiscalías anticorrupción de Panamá están abrumadas. Investigan unos 6,500 casos que incluyen delitos como el peculado, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, la corrupción de servidores públicos, incluso, la retención indebida de cuotas de la Caja de Seguro Social, delitos contra el patrimonio y un largo etcétera. A ello hay que agregarle delitos que se vinculan, como el lavado de activos, la asociación ilícita para delinquir y varios más. Y uno que ha proliferado como la mala hierba es el enriquecimiento injustificado, delito que cada vez vemos con mayor frecuencia: funcionarios con riquezas que no pueden justificar con los salarios que les paga el Estado. Rara vez vemos a un diputado, un expresidente, un exvicepresidente o un exministro de Estado volver a trabajar en el sector privado. Siempre se reservan para prestar servicio en el sector público, tras lo cual viven una vida extravagante, incluidos palacetes, automóviles de lujo y, en general, un estatus de millonarios. Pero el mensaje que recibimos de nuestra justicia –con contadas excepciones– es que casi nunca se condena al encumbrado. La impunidad reina y el robo de nuestros recursos, en consecuencia, es inevitable. Esa es nuestra penosa realidad.