El escándalo que sacude al país es el fraude multimillonario con créditos fiscales que, durante años, perpetró una banda de particulares, abogados, funcionarios y exservidores públicos, que los vendía a empresas, entre ellas uno de los mayores bancos del país, el cual ha manifestado que coopera con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.
Pero, al margen de la operación de compraventa ilícita de esos créditos fiscales, en el fondo subyace un problema mucho más serio: la vulnerabilidad del sistema informático del Estado. Hemos visto este problema durante los últimos meses: ciberdelincuentes que se apoderaron —y vendieron— datos sensibles en manos del Gobierno y que ahora pueden estar al alcance de cualquiera.
Y, por si fuera poco, ahora tenemos este escándalo con dineros que gestiona la Dirección General de Ingresos, un problema que no es exclusivo de esa institución. ¿Cómo fue posible que esta banda operara durante años? ¿Qué clase de seguridad tienen las computadoras y los servidores del Estado? ¿Hay alguien que vigile que no existan vulnerabilidades o, en su defecto, que se corrijan lo más rápido posible? Estos delitos deben investigarse a fondo —tanto a los operadores como a los compradores— o corremos el riesgo de que se repitan.