La controversia por la llamada “licencia sin sueldo por investigación” aplicada a funcionarios de la Asamblea ha añadido nuevas dudas sobre los límites legales de la actuación del contralor. Que la propia Asamblea niegue haber autorizado esas licencias, y que una funcionaria haya acudido a la Corte alegando violación del debido proceso, eleva el asunto más allá de una disputa administrativa.
No se trata de un episodio aislado. Se cumplen además dos semanas desde que el país conoció que el contralor interrumpió una diligencia del Ministerio Público en un caso de alto perfil, sin que existan explicaciones suficientes sobre lo ocurrido ni señales claras sobre esa investigación.
No está en discusión la necesidad de auscultar las planillas legislativas, terreno donde sobran razones para fiscalizar. Lo que se cuestiona son actuaciones que proyectan extralimitación y si, en nombre del control, pueden desdibujarse competencias y garantías. La Contraloría tiene un mandato crucial, pero esa autoridad exige prudencia, transparencia y apego estricto a la ley.
