La salida de una empresa que prestaba servicios tercerizados en Balboa y Cristóbal obliga a mirar más allá de la cuestión laboral. Es cierto que los derechos y prestaciones de sus trabajadores deben protegerse y garantizarse, pero también deben esclarecerse los señalamientos sobre el esquema de supuestos arrendatarios que, según el contralor, habría reducido las utilidades de Panama Ports Company (PPC) y, por ende, los ingresos del Estado como accionista y recaudador de impuestos. Sería inaceptable dejar que el expediente de ese presunto despojo envejezca bajo reserva.
Al 29 de septiembre, la fiscalía esperaba una ampliación de la auditoría de la Contraloría y no había imputados en el caso PPC. ¿Acaso sigue pendiente ese documento? ¿Por qué?¿Cuál sería la dimensión de la supuesta lesión patrimonial? ¿Quiénes se habrían beneficiado y qué controles ejercieron los representantes del Estado?
Este virtual acto de desaparición no puede convertirse en un finiquito de las responsabilidades de la empresa. El Estado no puede pretender que nos resignemos a la idea de que fue un socio tonto, al participar en el negocio sin fiscalizar cómo se calculan y reparten sus ganancias. El país necesita saber si fue un accionista minoritario desinformado, negligente o perjudicado por maniobras ilícitas y, en ese caso, si los perpetradores eran solo externos, o no. Proteger las prestaciones laborales y exigir cuentas sobre el negocio son obligaciones simultáneas. El silencio institucional tiene el sonido de la complicidad.
