Panamá arrastra desde hace años una deuda histórica con los menores y jóvenes que viven bajo custodia del Estado. La ausencia de una política pública sostenida para la protección de niños, niñas y adolescentes en albergues ha transformado estos espacios, concebidos para resguardar derechos, en escenarios recurrentes de denuncias, indignación y dolor. Las autoridades suelen acordarse de esta población solo cuando estalla una crisis; pasada la conmoción, todo vuelve a la inercia. No es la primera vez. En 2021 estalló un escándalo por maltrato y presuntos abusos sexuales en albergues supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), vinculado incluso al ascenso político de una funcionaria cercana al Ejecutivo en ese momento, lo que evidenció omisiones graves en la respuesta estatal. La denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes sobre irregularidades en el Centro de Tocumen expone, de nuevo, alertas ignoradas, condiciones indignas y una cadena de omisiones que deja a los más vulnerables sin protección. La protección de la niñez no puede seguir dependiendo del escándalo de turno. Exige responsabilidad institucional, supervisión permanente y decisiones de fondo. Cada día de retraso es otra forma de abandono. Esta aciaga situación trasciende gobiernos, lo que evidencia que no se le ha dado la importancia requerida. Significa un desprecio hacia los menores en riesgo social.
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Hoy por hoy: Custodia fallida
07 feb 2026 - 05:01 AM