Más allá de los 35 candidatos a la Defensoría del Pueblo, el problema está en quién decide. Cuando el proceso de selección depende de acuerdos políticos, el resultado deja de ser una evaluación de méritos y se convierte en una negociación de cuotas.
Resulta difícil tomar en serio un proceso en el que cada aspirante dispone de apenas cinco minutos para exponer su idoneidad. ¿Puede evaluarse así a quien debe enfrentar abusos de poder y defender derechos fundamentales?
No es un hecho aislado. La historia de la Defensoría muestra un patrón persistente de designaciones influenciadas por intereses partidistas. Bajo la actual conducción de la Comisión de Gobierno, las dudas sobre la independencia del proceso resultan inevitables.
Pero el problema es más profundo. Panamá aún no ha incorporado plenamente un enfoque de derechos humanos en su aparato estatal. Sin esa base, cualquier nombramiento será insuficiente.
¿Puede un defensor elegido por cuotas fiscalizar al poder? ¿Quién defiende al ciudadano cuando la institución nace comprometida y se piensa en función de planilla y poder?