Hoy por hoy: Dejar de ser el socio bobo

En 2021, la prórroga automática del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company fue avalada pese a advertencias técnicas y jurídicas. Al renunciar a una licitación pública, a la renegociación de condiciones y al debido perfeccionamiento legal, el Estado volvió a colocarse en el rol del “socio bobo”: ceder activos estratégicos sin exigir beneficios proporcionales para el país ni proteger plenamente el interés público. El fallo de la Corte Suprema de Justicia confirma lo que entonces se advirtió: no existía una concesión válida. La decisión devuelve el debate a su cauce correcto, alejándolo de narrativas interesadas y presiones externas que pretendieron reducir un problema constitucional y contractual a una disputa geopolítica. Aquí no estaba en juego la nacionalidad de un operador, sino la legalidad, la competencia y la defensa del patrimonio público. Es justo reconocer que el Ejecutivo actuó con responsabilidad institucional. Preparó escenarios alternos ante un fallo favorable o adverso, garantizó la continuidad operativa de los puertos y evitó improvisaciones. La designación de una figura con experiencia en el ámbito marítimo y portuario sugiere una voluntad de ordenar el sector y corregir errores heredados. Pero el desafío va más allá. Esta coyuntura abre una oportunidad histórica: estructurar una nueva concesión robusta, transparente y competitiva, que refleje el valor real de los puertos y fortalezca la posición del Estado. Dejar de ser el socio bobo no es un eslogan; es una obligación. Implica aprender, corregir y contratar mejor, sin ceder a presiones ni a narrativas ajenas al interés nacional.