Panamá tardó décadas en aprobar una ley de descentralización y cuando finalmente se logró, fue el resultado de amplias consultas y un consenso técnico y ciudadano. La ley original fortalecía capacidades municipales y promovía la participación comunitaria en la ejecución de proyectos. Pero todo eso se desmontó en 2020, cuando la Asamblea modificó la ley para permitir un uso más flexible —y discrecional— de los fondos. A partir de ahí, lo que debió ser una herramienta de desarrollo, se convirtió en botín político.
En La Prensa denunciamos este esquema de corrupción en la investigación Descentralización Paralela. Hoy, al fin, se están imputando cargos y ordenando detenciones por peculado. Pero los peces grandes no han rendido cuentas. ¿Quién autorizó estos fondos? ¿Quién miró hacia otro lado? El castigo no puede quedarse en las juntas comunales. Debe llegar a los altos niveles del Ejecutivo y Legislativo que orquestaron y permitieron este desfalco.
Panamá merece una descentralización real, no un sistema clientelista. Y eso empieza por restaurar la ley original y exigir justicia sin excepciones.
