El presidente de la República se opone a la existencia de la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. Igual opinión tiene el procurador general de la Nación, quien la ha señalado de inconstitucional, lo mismo que el ministro de Seguridad Pública. Los tres han solicitado a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la legalidad de esta dependencia. Pero la ministra de Gobierno no solo desestima estos criterios —pese a que uno es el de su jefe directo—, sino que —en una suerte de canje— ha pactado un acuerdo con la Alcaldía de Panamá para que 75 agentes municipales sirvan en las tareas de seguridad que atiende la Dirección del Sistema Penitenciario. Lo absurdo no solo es que, con este acuerdo, se esté legitimando este cuerpo policial, sino que la ministra ignore deliberadamente que esos agentes no deberían estar prestando esos servicios, ya que existe la Academia de Formación Penitenciaria, adscrita nada menos que al Despacho Superior del Ministerio de Gobierno, o sea, bajo su mando directo. Si para pertenecer a la Dirección del Sistema Penitenciario hay que formarse en esta academia, ¿cómo incorpora a estos neófitos en la ejecución de esta labor? Las acciones de la ministra son un claro desafío al presidente de la República. Y al sentido común.
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