Grupos de funcionarios se han convertido en ciudadanos privilegiados, castas que reciben del Estado beneficios exclusivos, como si fueran superiores al resto de los panameños.
No solo reciben ingresos que son miles de dólares por encima del de un trabajador promedio, sino que, además, se les asigna cientos de dólares mensuales para cubrir –con creces– sus necesidades de combustible, además de miles de dólares en exoneración de impuestos para comprar sus carros.
Entre los beneficiados no solo figuran los diputados, sino magistrados de la Corte Suprema de Justicia –que ya ganan la friolera e $14 mil mensuales– y de los tribunales superiores de justicia.
Es una ironía que sean los funcionarios que imparten justicia los que reciban estos privilegios, que los pone, precisamente a ellos, por encima del resto de los ciudadanos, lo cual es una completa injusticia, considerando que cientos de miles de hogares deben luchar cada día de su vida para poner, al menos, dos platos de comida en la mesa.
Estas prebendas son las que fomentan la desigualdad, porque las riquezas del país –incluidas las que se reciben en impuestos– se reparten entre unos pocos en detrimento de las grandes mayorías del país. ¡Qué injusticia!
