En el gobierno pasado (2019-2024) se dieron decenas de contratos para digitalizar procesos gubernamentales. Bastó el análisis de uno solo para darnos cuenta de que estos procesos pueden estar plagados de corrupción, sin contar con que debemos hacernos algunas preguntas sobre este asunto. ¿Era necesario digitalizar todos esos servicios o solo fueron negocios hechos a la medida para que algunos allegados al poder se llenaran de plata del Estado mediante la extorsión, las coimas o asuntos que pueden aún ser más graves? ¿Han sido procesos limpios, llevados a concurso, o solo fueron mecanismos para simular una legalidad inexistente? ¿Quiénes son realmente los beneficiarios finales de todas esas empresas y sociedades que se dedican a los negocios en línea con el Estado?
El examen de la concesión del revisado vehicular digital merece ser investigado a fondo, no solo porque es un negocio que identificó la persona más allegada al exvicepresidente de la pasada Administración, sino por sus altos costos, y por si en verdad se actuó o se actúa con prudencia al permitir que bases de datos completas de personas, expedientes y documentación sensible sean manejadas por empresas privadas, porque, en el afán de enriquecerse, pueden poner en peligro a personas, bienes e información invaluable.
