La eliminación de la planilla 172 es un paso en la dirección correcta, pero el daño ya está hecho. Durante una década, casi 300 millones de dólares de los panameños se diluyeron en contratos opacos, en una práctica que no solo fomentó el clientelismo, sino que dejó en evidencia la falta de controles en el manejo de fondos públicos.
Lo más grave es que, a la fecha, ningún diputado ha rendido cuentas por este despilfarro. La caja de Pandora se destapó en 2018, cuando el contralor de turno se negó a refrendar la partida por su falta de justificación. Sin embargo, con la llegada de una nueva administración, la fiesta continuó. Ni la pandemia ni la crisis económica fueron suficientes para frenar esta práctica.
Hoy, la pregunta sigue en el aire: ¿dónde están esos $291 millones? La eliminación de la planilla no debe ser el punto final, sino el inicio de una investigación que determine responsabilidades. Panamá no puede seguir siendo un país donde los escándalos de corrupción se olvidan sin consecuencias.
