La reforma a la Ley 304 de 2022, impulsada por el diputado Benicio Robinson y respaldada por Mi Ambiente, representa un retroceso en la protección de los ecosistemas marinos de Panamá.
Al flexibilizar la intervención en pastos marinos y trasladar decisiones al Ministerio de Ambiente, se debilita la salvaguarda legal que durante años protegió arrecifes y hábitats asociados.
Los corales teóricamente quedan intactos, pero los pastos —elemento clave para la biodiversidad y la resiliencia de los arrecifes— quedan sujetos a discrecionalidad administrativa.
Esta medida ignora décadas de investigaciones que alertan sobre la fragilidad histórica de estos ecosistemas y la necesidad de prohibiciones claras para evitar daños irreversibles.
Bocas del Toro, cuya economía y cultura dependen del mar, podría pagar el precio más alto. Panamá no puede permitir que intereses políticos o económicos reduzcan la protección ambiental: la conservación de los ecosistemas marinos debe ser prioritaria, no negociable, y blindada por la ley y la ciencia.
