Mientras la mayoría de los diputados trabaja en oficinas relativamente modestas, un pequeño grupo mantiene espacios VIP con seguridad exclusiva.
El llamado “búnker” de la Asamblea Nacional no es solo una rareza arquitectónica: es el reflejo de una cultura de feudos personales y privilegios dentro de un poder del Estado que debería ser ejemplo de transparencia y equidad. Los millones gastados en remodelaciones en gestiones anteriores no se tradujeron en una mejor producción legislativa ni en un ejercicio eficaz de las funciones constitucionales.
En cambio, fortalecieron un sistema que premia a los aliados con múltiples despachos, mientras otros se conforman con un cubículo. La Asamblea ha convertido lo público en botín: desde planillas infladas hasta oficinas blindadas, siempre alejadas del escrutinio.
Ese búnker es símbolo de poder, dinero público invertido en secreto y de una desigualdad que alcanza no solo a sus propios colegas, sino a toda la ciudadanía. Lo más grave es el silencio de la nueva directiva, que prefiere ignorar el tema en lugar de corregirlo. Quien se refugia en un búnker no gobierna: se esconde.