La captura de Nicolás Maduro constituye un punto de inflexión para Venezuela. Tras años de ejercer el poder como presidente de facto e impedir la toma de posesión del presidente electo Edmundo González Urrutia, su salida abre una oportunidad real para retomar la senda democrática largamente negada al país.
Ese resultado, sin embargo, no puede desligarse del método utilizado. La acción unilateral ordenada por Donald Trump, amparada en una lectura expansiva de la Doctrina Monroe, plantea serios cuestionamientos desde la óptica del derecho internacional y revive una práctica histórica que América Latina conoce con sobrada desconfianza. De allí surge el inevitable sabor agridulce.
Este desenlace solo fue posible cuando los políticos cruzaron una línea peligrosa: aquella que separa el ejercicio del poder de la corrupción estructural y el crimen organizado. En Venezuela, la degradación institucional fue tal que la corrupción terminó equiparándose al narcotráfico y al terrorismo. Cuando la política llega a ese punto, la legalidad se erosiona y los desenlaces excepcionales dejan de ser impensables. Celebrar la posibilidad de una transición democrática no implica justificar el camino recorrido. La lección es clara.
