Cuando en 2021 el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la prórroga automática del contrato de Panama Ports Company (PPC) no era una obligación inamovible, sino que podía y debía ser renegociada en mejores términos para Panamá, su voz fue ignorada. Hoy, cuando la controversia sobre el contrato trasciende fronteras, sus palabras resuenan con más fuerza y claridad.
La concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal se extendió sin cambiar una sola coma, bajo la mirada cómplice de quienes debían velar por los mejores intereses del país. No solo se perdió la oportunidad de renegociar condiciones más favorables para el Estado, sino que tampoco se aplicaron los mecanismos de revisión que la propia ley contempla.
El dictamen de la Procuraduría de la Administración fue tajante: el Estado tenía, y aún tiene, opciones legales para revisar, renegociar o incluso rescatar la concesión de estos activos estratégicos. La pregunta que sigue en el aire es: ¿por qué no se ha hecho nada?
Mientras el presidente de Estados Unidos lanza advertencias sobre la influencia china en los puertos panameños basadas en premisas falsas, sus declaraciones ya afectan la percepción económica del país. En este contexto, la opinión del hoy exprocurador cobra mayor relevancia: una auditoría de la Contraloría, una acción del Consejo de Gabinete o un fallo de la Corte Suprema podrían marcar el rumbo. Panamá debe actuar con decisión y firmeza para garantizar que sus recursos estratégicos sean gestionados con transparencia y en beneficio del país, sin ceder ante presiones externas que, por coincidencia o conveniencia, ahora se alinean con esos mismos intereses.
La voz de González iluminó el camino hace años. La pregunta ahora es si quienes tienen el poder de decidir finalmente escucharán.