Nuestro Código Judicial es muy claro: todo servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, descubra de alguna manera la comisión de un delito debe denunciarlo ante la autoridad competente. Por lo tanto, las denuncias que hasta ahora han llegado al Ministerio Público, como las relacionadas con los locales comerciales de Miambiente, no son solo un deber ético, sino también legal, dado que involucran dinero público. Así, aunque pudiera parecer una obviedad que el presidente de la República, José Raúl Mulino, invite a los funcionarios a cumplir con su obligación de informar a la entidad encargada de investigar y perseguir los delitos, un llamado de este tipo nunca está de más. Si efectivamente es cierto que, al levantar la alfombra, se encuentran negociados, coimas, botellas y planillas ‘cashback’, entonces actuar en consecuencia es un imperativo. Más aún, si las investigaciones de autoridades que abordan casos como la operación Jericó indican una posible fuga de información, ya es momento de que esos funcionarios también actúen y depuren las “manzanas podridas” que tienen conexiones en el poder y las mafias.
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Hoy por hoy: el deber de denunciar la corrupción
25 ago 2024 - 05:05 AM