Cuando hay dinero y planillas de por medio, la Asamblea Nacional —particularmente su Comisión de Gobierno— demuestra una notable resistencia a ceder. Su empeño en vincular los despachos legislativos con proyectos comunitarios sobrevive incluso a las objeciones del Ejecutivo. Un mes después de que el proyecto fuese devuelto a la Asamblea, sus asesores encontraron refugio en la semántica: donde antes decía “gestionar” proyectos, ahora dice “canalizar” solicitudes. ¿Creen que esa sustitución despeja los cuestionamientos del país, incluidos los del presidente de la República? Recibir peticiones ciudadanas es parte de la representación política. Convertir los despachos en intermediarios de obras públicas abre la puerta a que las necesidades comunitarias alimenten redes electorales, sostenidas por activistas con nombramiento y salario estatal. La nueva redacción debe examinarse por sus efectos. Sin límites claros, controles verificables y transparencia sobre las funciones del personal, “canalizar” puede encubrir las prácticas cuestionadas. Tampoco retirar las giras del cómputo de asistencia garantiza acabar con el juegavivo. Pero el centro sigue siendo otro: las comunidades necesitan obras que respondan a sus necesidades, sin depender del favor de un diputado o de condicionar su voto.