El último informe sobre la planilla estatal confirma una tendencia que Panamá arrastra desde hace dos décadas. El Estado sigue creciendo como empleador, tanto en número de funcionarios como en gasto salarial. Mientras tanto, el país continúa a la espera de una estrategia capaz de dinamizar la inversión y generar empleo privado sostenible. El problema ya no es únicamente fiscal; es estructural. El país no puede sostener indefinidamente un modelo en el que el aparato público absorba cada vez más trabajadores, mientras la economía productiva enfrenta desaceleración, incertidumbre y baja competitividad.
Las cifras son contundentes. En menos de dos años, el gasto mensual en salarios públicos aumentó en $28 millones y la cantidad de funcionarios volvió a expandirse, pese al discurso de austeridad. Parte del incremento puede explicarse por leyes especiales y ajustes automáticos, pero eso no elimina la responsabilidad política sobre el tamaño y eficiencia del Estado.
Lo más preocupante es que el país no sabe con claridad qué hay detrás de este crecimiento: si responde a favores políticos, a una lógica populista o simplemente a ineficiencia administrativa. Cualquiera de las tres opciones resulta alarmante para unas finanzas públicas cada vez más presionadas.
