Hoy por hoy: El hábito de incumplir la ley

La advertencia de la Contraloría General sobre no refrendar contratos que ya se ejecutaron parece una obviedad: la Ley 22 de 2006 lo prohíbe expresamente. Sin embargo, lo que debería ser regla básica de transparencia se ha convertido en una práctica malsana instalada en el aparato estatal. Gobiernos de distinto signo han tolerado que ministerios, instituciones y proveedores actúen como si el control previo fuese un trámite decorativo, cuando en realidad constituye la garantía de que cada contrato cumple con la legalidad y el interés público antes de ejecutarse. Contratar primero y refrendar después no solo viola la ley, sino que abre la puerta a sobrecostos, discrecionalidad y corrupción. No es la primera vez que la Contraloría tiene que recordar lo obvio. Hace unas semanas, otra circular exigió la verificación estricta de los informes de rendición de cuentas. Dos advertencias recientes que retratan un mismo mal: el Estado ha normalizado incumplir la ley. Si esas advertencias no se convierten en política sostenida, seguiremos validando lo inaceptable: normalizar la ilegalidad.