La crisis del agua no puede entenderse sin analizar la gobernanza. Durante años, el modelo institucional ha operado con fragmentación, escasa coordinación y decisiones postergadas, en un entorno donde lo técnico cede ante lo político. Esa debilidad ha condicionado la capacidad de respuesta del sistema. Pero reducir el problema solo a la gobernanza sería insuficiente. También inciden la forma en que se asignan los recursos, la capacidad de ejecutar proyectos y la falta de continuidad en las políticas públicas. Nada de eso se logra con cambios de figuritas, por más del círculo cero del presidente que sean. Pueden nombrar 10 directores más y no solucionarán el problema. Urge articular un equipo intersectorial, con sustento científico y capacidad de ejecución, que alinee instituciones, defina prioridades y garantice agua de calidad. No solo se trata de un desafío técnico, sino —sobre todo— de gestión. Y es que, en un país donde el recurso abunda, no asegurar agua segura —ni hablar de aguas servidas— revela fallas acumuladas en la forma de planificar, coordinar y ejecutar.