El reciente levantamiento de la suspensión a la licitación para dotar de internet a más de 3,000 escuelas deja en evidencia que las recomendaciones de los entes fiscalizadores no siempre pesan igual en la toma de decisiones.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) planteó dos ajustes clave: eliminar la carta de referencia bancaria como requisito y optar por una licitación por mejor valor. Ninguno fue atendido.
El Ministerio de Educación (Meduca) defiende su postura asegurando que la solvencia económica de los oferentes es crucial y que su método de contratación no viola la ley.
Sin embargo, cuando una licitación por $59.3 millones avanza sin acatar todas las observaciones de la DGCP, las dudas son inevitables.
Más allá del beneficio que traerá la conectividad a las escuelas, la transparencia en el uso de los recursos públicos es irrenunciable.
La ciudadanía observa este proceso con atención, porque cada decisión en él definirá no solo la calidad del servicio, sino la confianza en la gestión educativa.