La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero atraviesa una crisis que desnuda la indiferencia estatal frente a la cultura. No se trata de un simple retraso contable: diez meses sin recibir fondos revelan el costo del desinterés.
El Ministerio de Cultura, a cargo de Maruja Herrera, demoró la gestión de la nueva adenda del convenio con la fundación que, desde 1996, administra la institución sin fines de lucro. Y la Contraloría, bajo la responsabilidad de Anel Flores, mantiene ahora ese documento sin refrendo, paralizando el flujo de recursos.
El resultado es absurdo: la entidad que custodia la memoria de Panamá no puede abrir los sábados por falta de dinero. Los estantes siguen en pie gracias al sacrificio de una fundación que ha sostenido, casi en silencio, lo que debería ser causa nacional.
Aun así, el anuncio del presidente José Raúl Mulino de aportar $1.5 millones para digitalización y modernización es una buena noticia. Al menos hay una señal de interés. Pero la memoria de un país no se preserva con promesas: se protege con presupuesto, voluntad y respeto.