Panamá vuelve a estremecerse ante el asesinato de dos mujeres jóvenes: Selinda Córdoba, en Aguadulce, y Yamileth Santamaría, en Santiago. Dos nombres que se suman a una estadística que crece y a un Estado que reacciona tarde.
Selinda tenía una orden de alejamiento contra su agresor, pero eso no impidió su muerte. Esa frase resume el fracaso institucional: leyes que existen, mecanismos que no funcionan y vidas que se pierden en la espera.
La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni un tema coyuntural. Es una herida social que atraviesa generaciones y que el país sigue normalizando. Las cifras del Ministerio Público —doce femicidios hasta septiembre— no son simples números: son advertencias ignoradas.
Prevenir no es solo dictar leyes, sino garantizar protección efectiva, coordinación entre autoridades y educación con perspectiva de género. Cada vez que una mujer muere a manos de su agresor, Panamá fracasa en su deber más elemental: proteger la vida. Y ninguna sociedad puede llamarse justa si no defiende primero a sus mujeres.