El Decreto Ejecutivo 10 no creó el problema del transporte. Lo expuso con crudeza. La polémica no gira únicamente en torno a las plataformas digitales, sino al modelo que ha dominado el sector durante décadas: el de las prestatarias. Bajo ese esquema, el acceso a un certificado de operación —que el Estado otorga— se convierte en un bien transable en un mercado paralelo, donde conductores pagan miles de dólares para trabajar. Así, un permiso público termina como negocio privado, con barreras que limitan la competencia y encarecen el servicio. La decisión del Ejecutivo de derogar el decreto y trasladar la discusión a una mesa de trabajo no solo desactiva la presión inmediata, sino que reabre el pulso político sobre quién define las reglas del sector. Ese peso no es abstracto. Dentro de la propia institucionalidad han surgido figuras con vínculos con el sistema de prestatarias, lo que alimenta dudas sobre conflictos de interés en un debate que debería centrarse en el usuario. No es casual que las críticas apuntaran a preservar estructuras existentes. La derogación abre una oportunidad, ojalá sea aprovechada para pensar en los pasajeros, que al final, son los actores principales.
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